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7 preguntas y respuestas sobre cómo le afecta la nueva ley que permite al Gobierno de España intervenir Internet

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La nueva legislación ha sido aprobada en la Comisión Permanente del Congreso con el apoyo de Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Unidas Podemos.
7 preguntas y respuestas sobre cómo le afecta la nueva ley que permite al Gobierno de España intervenir Internet

La Comisión Permanente del Congreso de los Diputados de España aprobó el miércoles el Real Decreto Ley que permite al Gobierno intervenir redes y comunicaciones electrónicas si se producen alteraciones del "orden público" o en caso de "amenazas para la seguridad nacional". La norma entró en vigor el pasado 5 de noviembre, en plena campaña electoral para los comicios generales, tras ser aprobada por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, pero necesitaba la ratificación del Parlamento, que acaba de conseguir.

La principal novedad de esta normativa reside en que ahora el Ejecutivo no necesitará autorización judicial para proceder al corte de redes y comunicaciones, como necesitaba hasta ahora para, por ejemplo, cerrar páginas web en caso de que existiesen indicios de la comisión de un ilícito penal.

Pero, ¿qué es exactamente lo que se ha aprobado?, ¿por qué, cuál era la necesidad?, ¿quien se ha posicionado a favor de esta legislación y quién en contra?, ¿cómo afecta a los ciudadanos? A continuación intentamos responder a estas y otras preguntas.

1. ¿Qué se ha aprobado?

El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, ahora con el aval del Congreso, se ha otorgado pleno poder para intervenir la red a cualquier nivel cuando concurran circunstancias de alteración del "orden público" o de "amenazas para la seguridad nacional", lo que supone un concepto tan amplio que prácticamente faculta al poder ejecutivo para llevar a cabo la intervención de Internet de manera discrecional.

La norma aprobada va más allá del simple cierre de dominios web. Se trata de una reforma que no toca las leyes que regulan los contenidos que circulan por Internet, sino que controla la infraestuctura física que la soporta.

Además, el Gobierno podrá intervenir las redes de telecomunicaciones sin que un juez le autorice a ello, aunque sus acciones sí serán recurribles ante los tribunales.

Pero además, el paquete legislativo incluye otras medidas: 

  • Permite al Ejecutivo tomar el control de cualquier red de telecomunicaciones que tienda cualquier Gobierno regional, obliga a que las bases de datos con información política estén en España y prohíbe el empleo de cualquier método de firma o identificación electrónica que escape a su control.
  • Somete los sistemas de identificación electrónica de cada región, como los que están poniendo en funcionamiento Cataluña y otras comunidades, a un régimen de autorización previa por parte de la Administración General del Estado, siempre y cuando sean distintos del certificado y sello electrónico desarrollados a nivel nacional.
  • Obliga a que los recursos para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de los sistemas de identificación se encuentren situados en la Unión Europea, o en territorio español en el caso de categorías especiales de datos.
  • Contempla que la Administración General del Estado pueda suspender la transmisión de datos entre administraciones por razones de seguridad nacional de forma cautelar y temporalmente.

2. ¿Por qué?

Detrás de las medidas aprobadas por el Gobierno español se encuentra la intención de atajar los intentos de crear una identidad digital catalana.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, lo anunció el pasado 31 de octubre, cuando dijo que aprobaría un decreto para acabar con el proyecto de la 'república digital catalana': "Le digo al independentismo catalán que ni va a haber independencia off-line, ni on-line y que el Estado va a ser igual de contundente en el mundo real que en el mundo digital", afirmó entonces.

Así, la normativa identifica como "los principales desafíos" que plantean las nuevas tecnologías a "las actividades de desinformación y las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía". De este modo, sin nombrar específicamente a Cataluña, cita "los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español".

En la exposición de motivos se reitera que la aprobación de este Real Decreto Ley tiene como finalidad incrementar la protección de la seguridad pública "frente a las crecientes amenazas que plantea el uso de las nuevas tecnologías y a la luz siempre de los últimos sucesos en territorio español", y se refiere especialmente a "fenómenos colectivos que implican la aparición de amenazas, coacciones o acciones violentas, con graves repercusiones en el funcionamiento de los servicios públicos y en la vida ciudadana".

Por lo tanto, la nueva legislación estaría ideada para limitar las prerrogativas de la Generalitat ante las iniciativas independentistas, como la reciente inauguración de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, o el nuevo Identicat: un sistema de certificación distribuido diseñado para actuar como un identificador único digital desde el móvil. 

3. ¿Cómo afecta a los ciudadanos?

La norma aprobada tiene múltiples aplicaciones. Como sostiene Enric Luján, miembro de Críptica (una asociación en defensa de la libertad y la privacidad en Internet), el Ejecutivo podría, por ejemplo, dejar sin conectividad a los teléfonos que se encuentren en una determinada zona geográfica en la que se esté desarrollando una protesta o manifestación, conceptos amparados por la Constitución.

Desde el bufete de abogados Almeida, especializado en cuestiones relativas a Internet, se apunta que "cerrar la red representa un secuestro de publicaciones masivo", y para el secuestro de publicaciones "la Constitución solo contempla la autorización judicial".

4. ¿Quién está a favor y quién en contra?

Este Real Decreto Ley ha salido adelante con 50 votos a favor (de 68): los del Partido Socialista (PSOE), Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). Ha contado con la abstención de los ocho representantes de Unidas Podemos y ha tenido en contra, con sus votos negativos, a los parlamentarios del partido de extrema derecha Vox y los de formaciones nacionalistas y regionalistas.

Desde el Gobierno se defiende su necesidad. Así, la propia ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha dicho en el Congreso que "la hiperconectividad nos hace más vulnerables ante los ciberataques contra infraestructuras críticas, el espionaje y otras ciberamenazas", y ha añadido que "es necesario garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en el mundo digital que en el mundo analógico", por lo que considera que se trata de una norma urgente "dada la situación política actual".

Todos los grupos parlamentarios, salvo el socialista y el popular, han criticado duramente la nueva norma. Una de las intervenciones más duras ha sido la de la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Montserrat Bassa, que se ha referido a la nueva ley como 'ley mordaza digital' y ha dicho que "la aprobaron horas antes de que se iniciara formalmente la campaña electoral para acallar la protesta y la indignación en Cataluña ante la injusta sentencia a nuestras presas y presos políticos". "No pueden frenar nuestra indignación por decreto", ha espetado.

5. ¿Por qué ha sido polémica su aprobación ahora?

Son varias las críticas que se hacen al modo y momento en el que se ha producido la aprobación de esta legislación. Estas son las cuatro principales:

  • Gobierno es funciones

La aprobación del Decreto Ley se ha producido con un Gobierno que lleva en funciones más de seis meses y la convalidación ha tenido que ser realizada por una Comisión de la Diputación Permanente del Congreso, un órgano al que corresponde "velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida" y que está constituida por 68 miembros que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica en un Hemiciclo, cuyo pleno consta de 350 asientos.

  • Sin debate parlamentario

La forma en que se ha tramitado ha evitado que se produjera el necesario debate parlamentario para una normativa trascendente que afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

  • ¿De urgencia?

Uno de los supuestos habilitantes para legislar a través de Reales Decretos Leyes es la "urgente necesidad" y los argumentos del Ejecutivo español en este sentido no han resultado convincentes para muchos. El Gobierno ha justificado esa urgente necesidad porque "los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación", en clara referencia al intento del Gobierno catalán de crear estructuras de Gobierno virtuales, lo que se ha dado en denominar la 'República digital catalana'.

  • En campaña electoral

Muchos han visto este procedimiento como un arma electoral. El Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de octubre y entró en vigor el 5 de noviembre, en plena campaña de las elecciones generales, cuando los partidos conservadores acusaban a Sánchez de estar dispuesto a ofrecer concesiones a los partidos independentistas a cambio de su apoyo para la investidura.

6. Otras críticas de fondo

Los críticos argumentan que se trata de una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que la norma es contraria a la Constitución, por lo que se espera que pueda ser recurrida en un futuro ante el Tribunal Constitucional. Para interponer un recurso ante este órgano, además de otros actores, están legitimados tanto el Defensor del Pueblo como los órganos legislativos o ejecutivos de las Comunidades Autónomas, como podría ser el Gobierno de Cataluña.

El artículo que más polémica ha levantado es la nueva redacción del apartado 6 del artículo 4 de la Ley General de Telecomunicaciones, que faculta al Gobierno para asumir "la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional", que podrá afectar "a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio".

Organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la asociación de consumidores Facua, la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ya han anunciado que van a promover la nulidad de este Real Decreto, llevando el caso ante el Defensor del Pueblo para que sea esta institución la que interponga el recurso de inconstitucionalidad. Pero aunque lo logren, pueden pasar meses o incluso años hasta que el Tribunal resuelva el asunto.

"No es un 'Decretazo Digital' contra la República digital catalana. Es un 'Decretazo Digital' contra la Constitución de la monarquía parlamentaria española. Por eso lo llevaremos ante el Constitucional", ha manifestado el director de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida.

Las críticas se centran en cuatro aspectos:

  • Da poderes excepcionales y discrecionales al Gobierno
  • Falta de garantías al no necesitar autorización judicial.
  • Sería un 'puerta de atrás' para implementar medidas propias de un Estado de excepción.
  • Podría vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos como la libertad de expresión, de información y el secreto de las comunicaciones.

7. Precedentes en el ámbito internacional

Según un informe de la organización El Orden Mundial, "los cortes de Internet con motivación política han crecido en un 161% en el mundo en los últimos tres años", y denuncia que la tendencia al control por parte de los Gobiernos va en aumento.

El último caso fue el de Irán, cuyo Gobierno cerró Internet durante 52 horas el pasado 16 de noviembre en el marco de las protestas contra el aumento de más de un 50 % del precio de la gasolina.

La India desconectó las redes móviles, Internet, la banda ancha y la telefonía fija de uno del Estado de Jamu y Cahemira durante tres meses. Además, esta región ha sufrido 77 apagones este año y desde 2012 los distintos Estados de esta potencia asiática han registrado 349 apagones. La escusa: proteger la seguridad nacional y pública y evitar violencia étnica y la difusión de discursos de odio.

En Etiopía el Gobierno ha cortado la red en varias ocasiones, la última vez en junio, coincidiendo con diversas protestas contra el Ejecutivo, aprovechando que el país tiene un solo operador de Internet controlado por el Estado.

Además, otros países africanos, como Sudán, Zimbabue y la República Democrática del Congo sufrieron desconexiones a Internet durante este 2019. Quizá el caso más grave se dio en Chad, donde su Ejecutivo mantuvo a la ciudadanía un año y medio sin acceso a redes sociales y aplicaciones de mensajería, desde marzo de 2018.

Nuria López

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